México se prepara para dar un nuevo paso hacia la digitalización de su economía.
El 8 de septiembre de 2026, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, una propuesta que busca ampliar el uso de medios electrónicos de pago y reducir gradualmente la dependencia del efectivo.
Es importante partir de una precisión: se trata de una iniciativa y todavía no es derecho vigente. Su contenido deberá pasar por el proceso legislativo y podría modificarse antes de su eventual aprobación y publicación.
Sin embargo, desde una perspectiva empresarial, vale la pena comenzar a analizar sus posibles implicaciones.
No se trata solamente de aceptar tarjetas
Cuando se habla de pagos digitales, es común pensar inmediatamente en terminales bancarias.
El alcance de la iniciativa es considerablemente mayor.
El proyecto contempla transferencias electrónicas, códigos QR, tecnologías de comunicación de corto alcance y otros mecanismos que permitan efectuar operaciones sin utilizar efectivo. Incluso prevé facultades para desarrollar reglas relacionadas con infraestructura de aceptación de pagos y mecanismos digitales para la contratación de servicios financieros.
Para las empresas, esto podría significar revisar no sólo cómo reciben un pago, sino también todo lo que sucede alrededor de esa operación: conciliaciones bancarias, tesorería, sistemas administrativos, facturación, CFDI, controles internos e integración de información contable.
El verdadero cambio será la trazabilidad
Existe una diferencia fundamental entre recibir efectivo y recibir un pago electrónico: la cantidad de información que genera la operación.
Una transferencia puede vincular monto, fecha, cuenta de origen, cuenta receptora e institución financiera. Un pago con tarjeta o mediante QR incorpora igualmente registros electrónicos asociados con la transacción.
Por ello, una economía con mayor utilización de pagos digitales es también una economía que produce una mayor cantidad de información financiera.
Éste podría convertirse en uno de los efectos empresariales más importantes de la transformación.
La información financiera puede facilitar conciliaciones, mejorar controles, generar historiales y favorecer el acceso a productos financieros. Pero también incrementa la posibilidad de comparar operaciones bancarias, CFDI, contabilidad y declaraciones.
En consecuencia, para las organizaciones, la digitalización debe analizarse también desde una perspectiva de consistencia documental, financiera y fiscal.
¿Significa una mayor fiscalización?
No necesariamente debe interpretarse de esa manera.
La iniciativa no es, jurídicamente, una reforma fiscal ni crea por sí misma nuevos impuestos. Su objetivo declarado está relacionado con la adopción de medios de pago electrónicos, la inclusión financiera y la modernización del ecosistema económico.
Sin embargo, existe una consecuencia natural: cuanto mayor sea el volumen de operaciones digitales, mayor será también la información susceptible de ser procesada y comparada.
Actualmente, las autoridades ya cuentan con distintas fuentes de información: CFDI, declaraciones, contabilidad electrónica y determinada información financiera.
Una mayor digitalización podría ampliar el universo de datos disponibles para detectar inconsistencias.
Por eso, el debate empresarial no debería limitarse a preguntarse:
“¿Tendremos que aceptar pagos digitales?”
La pregunta estratégica debería ser:
“¿Nuestros sistemas contables, fiscales y de control interno están preparados para una economía en la que prácticamente cada operación puede dejar una huella digital?”
¿Desaparecerá el efectivo?
No.
La iniciativa no establece una prohibición general e inmediata del efectivo.
Lo que propone es construir un marco para una transición gradual y permitir que posteriormente puedan determinarse sectores o actividades en los cuales se incremente el uso de medios electrónicos e incluso, bajo determinadas reglas, éstos puedan convertirse en la única modalidad ordinaria de pago.
Precisamente por ello será fundamental observar las disposiciones secundarias que eventualmente emitan las autoridades.
Un análisis reciente del proyecto también advierte que la iniciativa, por sí sola, todavía no determina sectores concretos ni contiene todas las obligaciones operativas que finalmente resultarían aplicables.
Identidad digital y servicios financieros
Otro aspecto relevante es la incorporación de herramientas como la CURP Digital y el Expediente Digital Ciudadano para determinados procesos de contratación financiera a distancia.
La lógica consiste en facilitar la identificación de las personas y reducir la necesidad de presentar repetidamente documentación física.
Esto apunta hacia un ecosistema en el que identidad, contratación, documentación y pagos puedan desarrollarse progresivamente dentro de entornos digitales.
Para instituciones financieras y empresas Fintech, este componente será particularmente relevante por sus implicaciones en procesos de onboarding, identificación de clientes, seguridad de información, protección de datos y experiencia de usuario.
Una tendencia que ya estaba en marcha
La iniciativa no aparece de manera aislada.
México lleva varios años desarrollando políticas para fomentar los pagos electrónicos y la inclusión financiera. La Política Nacional de Inclusión Financiera ya contemplaba incrementar los pagos digitales entre población, comercios, empresas y los tres niveles de gobierno.
Además, durante 2026 se han impulsado programas específicos para incrementar la adopción de pagos digitales entre las MIPYMES. La Secretaría de Economía informó en junio que una estrategia público-privada había permitido incorporar capacidades de aceptación de pagos con tarjeta a cientos de miles de pequeños negocios.
La dirección de la política pública, por tanto, parece consistente: menos dependencia del efectivo y mayor integración de las operaciones económicas al ecosistema financiero digital.
¿Qué deberían empezar a revisar las empresas?
Aunque todavía no existe una obligación general derivada de esta iniciativa, esperar hasta que se publiquen reglas específicas puede no ser la mejor estrategia.
Las organizaciones pueden comenzar a evaluar la integración entre sus medios de cobro, cuentas bancarias, sistemas administrativos, CFDI y contabilidad; sus procedimientos de conciliación; controles de tesorería; identificación del origen de recursos; protocolos ante diferencias entre información financiera y fiscal; así como su infraestructura para recibir distintas modalidades de pago electrónico.
Porque el cambio que podría venir para las empresas no es únicamente tecnológico.
Digitalizar una operación también significa convertirla en información.
Y en una economía cada vez más digital, la capacidad de una empresa para administrar correctamente esa información puede convertirse en una parte esencial de su cumplimiento, control interno y estrategia financiera.