El pasado 13 de marzo de 2025, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que introduce modificaciones a la Ley de Amparo. Esta reforma tiene como objetivo modernizar el sistema judicial mexicano y adecuarlo a los cambios constitucionales en el Poder Judicial aprobados en septiembre de 2024.
Principales cambios en la Ley de Amparo:
- Reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): A partir del 1 de septiembre de 2025, el pleno de la SCJN pasará de 11 a 9 ministros.
- Creación del Tribunal de Disciplina Judicial: Se establece un organismo autónomo encargado de supervisar la actuación de jueces y magistrados para garantizar un ejercicio ético y profesional de la justicia.
- Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal: En su lugar, se instaura el Órgano de Administración Judicial, el cual asumirá funciones administrativas clave dentro del Poder Judicial.
- Limitación en los efectos de las sentencias de amparo: Se restringirá el alcance de las resoluciones de inconstitucionalidad, evitando que sus efectos se extiendan de manera generalizada más allá de las partes involucradas en cada caso.
- Actualización de términos legales: Se eliminan referencias al Consejo de la Judicatura y se adoptan criterios estandarizados como la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para la aplicación de sanciones económicas.
- Implementación de herramientas digitales: Se impulsa el uso obligatorio de la firma electrónica y la digitalización de documentos judiciales para optimizar los procesos.
- Elección de jueces mediante voto ciudadano: Se introduce un nuevo esquema de designación de jueces basado en la participación electoral de la ciudadanía, con la intención de fortalecer la representación democrática en el ámbito judicial.
- Tramitación prioritaria de amparos de interés social: Se otorga al Poder Ejecutivo y al Congreso la facultad de solicitar que determinados asuntos sean atendidos con carácter preferente.
Esta reforma busca hacer más eficiente y accesible el sistema de amparo en México, pero también ha generado preocupaciones sobre la posible afectación a la independencia judicial, así como los retos operativos de implementar la elección de jueces por voto popular.
Desde la óptica de nuestra firma, consideramos que estas modificaciones representan un cambio significativo en la estructura del Poder Judicial y el alcance de la justicia constitucional en México. Si bien la digitalización y la supervisión disciplinaria pueden aportar mayor eficiencia y transparencia, el impacto de la reducción de ministros y la elección de jueces por voto ciudadano debe analizarse con cautela para evitar riesgos a la estabilidad del sistema jurídico. Es fundamental que tanto empresas como ciudadanos comprendan estos cambios y sus implicaciones, por lo que recomendamos una evaluación detallada para determinar su impacto en los procesos legales y administrativos de cada organización.